Para garantizar a toda persona el derecho al acceso a la cultura, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, propuesta por la diputada Brisseire Sánchez López.

Mediante esta reforma, se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

“El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

En la exposición de motivos, se indica que el derecho a la cultura es un derecho humano fundamental que garantiza a toda persona, de forma individual o colectiva, el acceso, la participación, la creación y el disfrute de la vida y el patrimonio cultural. A nivel internacional, protege la libertad de expresión artística, la diversidad cultural y el respeto a la identidad de los pueblos.

Este derecho está amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 27, establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico.

Por su parte, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), obliga a los Estados firmantes a reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios del progreso científico y gozar de la protección de los intereses morales y materiales sobre sus producciones artísticas o literarias.

En esa tesitura, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, establece que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y obliga a los Estados a crear entornos que fomenten la creación, producción, difusión y disfrute de la cultura.

El dictamen se turnó a los cabildos de los 59 municipios para su votación.