Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y reducir situaciones de riesgo en operaciones de compraventa entre particulares realizadas mediante redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones tecnológicas, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa para adicionar la fracción VIII Bis al artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

Explicó que la propuesta plantea que los ayuntamientos diseñen, implementen y difundan protocolos y recomendaciones de seguridad para este tipo de operaciones, particularmente cuando impliquen encuentros presenciales entre personas que no mantienen una relación previa, privilegiando lugares públicos, seguros y con vigilancia.

Consideró que el crecimiento de las tecnologías de la información y de las plataformas digitales ha modificado la manera en que las personas adquieren bienes y ofrecen productos y servicios, por lo que las operaciones de compraventa entre particulares se realizan cada vez con mayor frecuencia a través de redes sociales y aplicaciones.

Señaló que estas plataformas permiten establecer contacto con personas cuya identidad, domicilio o antecedentes pueden ser desconocidos, situación que puede generar condiciones de riesgo al momento de concretar una operación de manera presencial.

Sánchez López indicó que el riesgo no necesariamente deriva de la compraventa, sino de las circunstancias que pueden rodear el encuentro, como el uso de perfiles o identidades falsas, la falta de referencias sobre la contraparte y la concertación de reuniones en lugares aislados o sin vigilancia.

Por ello, la iniciativa contempla que las recomendaciones municipales privilegien la realización de estos encuentros en lugares públicos, seguros y con vigilancia, como una medida preventiva para reducir posibles riesgos para quienes participan en estas operaciones.

La diputada recordó que actualmente la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado reconoce entre las atribuciones de los ayuntamientos el establecimiento de programas y políticas de prevención del delito, de acuerdo con las características de los fenómenos delictivos que se presentan en cada municipio.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado para su análisis.